EL DESEMPEÑO DE LA FISCAL VIVIANE MORALES ES MÁS IMPORTANTE QUE ESTE FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO Y TRASCIENDE EL TEMA DE UNA NUEVA TERNA.

El fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de la Fiscal General, abogada VIVIAN MORALES, puede tener el soporte legal que la mayoría de magistrados de la corporación consideró y puede ser la decisión más ajustada a derecho que se conozca, pero, la opinión pública sencillamente la percibe ilegitima y/o impopular.

El "país real" considera que esta abogada estaba cumpliendo en forma cabal sus funciones y que tal vez esa fue la causa real de la decisión. Eso no sería nada raro en un país donde al derecho se tuerce a diario para ponerlo en contravía de la realidad verdadera desde la “realidad procesal”.

Los vecinos del sector donde funciona la Fiscalía General percibimos con desazón el fallo después de haber visto hacia el bunker un desfile de "ex ministros", “ex alcaldes”, "ex altos comisionados", "oficiales", “paramilitares”, “guerrilleros”, “contratistas”, “concejales”, "ex reinas", “modelos”, durante el año que permaneció como Fiscal General esta vecina nada incomoda como sus invitados.

Para aplacar la reacción negativa del ciudadano corriente y resolver el problema de desaprobación social, se empieza a proponer su nombre para la nueva terna, opción que difícilmente puede aceptar sin hacer el juego a sus detractores que intentan sentarla en la hoguera. Es preferible dejar intacta la responsabilidad histórica en esa mayoría de magistrados que a fuerza parágrafos e incisos produjo el fallo en la antesala de los juicios a que están convocados muchos de los que se han visto en el desfile. Ese fallo interrumpió la luz que usted estaba proyectando donde reina la oscuridad.

Creemos que a usted la aguardan escenarios donde los ciudadanos directamente y a contrapelo de quienes ahora hacen fiesta, podrían rendir el homenaje que su compostura y distinción merecen. No pierda de vista que una mayoría colombiana honrada debe proferir su fallo, ese sí auténtico y legítimo, y sin tener que cercenar el derecho que tiene una mujer a amar a quien libremente decida, aún por encima de las precariedades emocionales y afectivas que denotan sus detractores.

Muy saludable sería que una persona como usted encabece un proyecto para que el cargo de Fiscal General de la Nación no tenga que cruzar por ninguno de los filtros de la politiquería, como ocurre hoy.

LUIS FONTALVO PRIETO, abogado.

Bogotá, D. C. febrero 29 de 2012.

PROPUESTA AL ALCALDE GUSTAVO PETRO  

Debido a la privatización del Distrito Capital, la administración realiza pocas cosas de modo directo y para ejecutar el Plan de Desarrollo no tiene otro camino distinto al de la contratación.   

El presupuesto se aplica discutiendo clausulas con los contratistas para realizar las obras. La contratación es la que sirve para medir la gestión del Alcalde y esa es la razón por la cual la corrupción está concentrada en los contratos. El “carrusel de la contratación”, sabemos, se empieza a mover con la aprobación de aquellos acuerdos que son indispensables para la administración.  

Los sucesos recientes evidencian la fragilidad ética y moral de gobernantes y la inoperancia de los organismos de control, aconsejándose la adopción de medidas radicales de racionalidad institucional que contrarresten la inmoralidad reinante.

PROPUESTA:

Se propone que el Señor Alcalde en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en cumplimiento de sus funciones, reglamente la conformación de una especie de redes ciudadanas de acción participativa (no importa su denominación) para que los ciudadanos de manera organizada ejerzan el derecho a participar en el control consagrado -en el Artículo 40 de la Carta- pudiendo contribuir a superar las deficiencias de los organismos encargados de verificar el cumplimiento cabal de la acción administrativa y en especial de los contratos celebrados.

a.    Fundamentos Jurídicos

El Alcalde está facultado por la Constitución, la ley y los reglamentos para expedir actos administrativos tendientes a organizar la participación de los ciudadanos en el cuidado de los recursos públicos.

b.   Intereses Específicos

La participación ciudadana es un proceso que fluye soportado en los intereses de cada grupo de ciudadanos. ¿Cómo proyectar la participación en el control sobre la contratación?

Todo contrato tiene un objeto social específico, el cual hace que un segmento de la población sea el más interesado en su realización. “Lo que es de todos, lo cuidamos todo”, es un buen enunciado general frente al patrimonio público de los capitalinos, pero, lo que realmente se cuida es la parte de ese patrimonio que interesa a cada quien.

La acción participativa es de consagración constitucional y está fundamentada en acciones públicas que los ciudadanos han aprendido a manejar. La participación propuesta estaría dirigida a la contratación por ser -el eje principal del mal- y se reglamentaría de forma tal que pueda ser ejercida por cada segmento ciudadano cuyo interés esté material y directamente vinculado a un objeto contractual dado.   

En el caso capitalino. ¿Qué tanto podría interesar a un ciudadano de la localidad de Ciudad Bolívar, la reparación de una vía de acceso en la localidad de Suba, la construcción de un Centro de Salud, el arreglo de un Colegio o un parque en la localidad de Los Mártires y viceversa?

c.    Cambio a esquemas viejos

Esta metodología de democracia participativa otorgaría protagonismo ciudadano en materias que realmente interesan, pudiendo contrarrestar un aspecto crucial de la corrupción, el pago de comisiones a funcionarios que termina afectando calidad y cumplimiento de lo contratado. Allí, en el sitio estaría la ciudadanía organizada vigilando para que cumplan los contratos conforme con lo pactado.

Este método de convocatoria ciudadana serviría además para cambiar estructuras de democracia representativa que aún persisten en organizaciones comunitarias, casi siempre hipotecadas a los intereses de reconocidos politiqueros y traficantes de las necesidades públicas.

La Constitución –fruto de la participación ciudadana- consagró herramientas de gerencia pública y control administrativo que todavía no han sido utilizadas y que se han visto neutralizadas por la acción del clientelismo y la politiquería. Es la hora de ponerlas en acción, solo se requiere la voluntad política y un cambio de actitud mental en los servidores públicos.

d.   No se necesitan reformas

No se puede caer en la trampa de creer que para poner en práctica una política pública que busca activar la participación dirigida a proteger el interés general, se deba modificar la estructura administrativa y política del Distrito Capital, cuando lo que se requiere es reglamentar lo que está previsto en la Constitución y la ley, amén de un cambio de actitud en los servidores públicos ante aquellos ciudadanos dispuestos a convertirse en agentes de la acción participativa para la defensa de su propio bienestar, incluso ante contratistas honradamente interesados en una contratación limpia y transparente.

fontalvoprieto@yahoo.com

“Los indignados” camino al control sobre la representación política

Los indignados* están evidenciando que la democracia representativa no está llevando bien las cuentas, empezando por olvidar el número de ciudadanos que hoy tienen razones para estar indignados. Todo indica que tras las protestas pacificas en España y alrededor del mundo asoma un nuevo derecho político que está reclamando un ciudadano preparado en el uso de los medios modernos e interesado en hacer seguimiento y control en tiempo real a la labor de sus representantes.

¡La soberanía reside en el pueblo y de ella emanan los poderes públicos! La ciudadanía es la condición habilitante para el ejercicio de esa soberanía que cada ciudadano asume ejerciendo sus derechos. La ciudadanía no es una simple alegoría de la libertad.

El ciudadano es cada vez más consciente de sus derechos y considera con razón que los nuevos medios de comunicación y las tecnologías de la información permiten que la democracia combine la participación responsable del ciudadano en la toma de decisiones con la responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de quienes son los depositarios de la representación política de sus conciudadanos.

El voto electrónico o artesanal es un medio conquistado por el pueblo para que el ciudadano ejerza la soberanía tomando parte en la decisión de los asuntos públicos, comenzando por el tipo de representación política que desea. Esa es la razón, para saber que el mejor agente de cambio en la democracia es el ciudadano, no son sus representantes como se pretende y por eso, la primera medida es ampliar la capacidad de ese instrumento de decisión que se le ofrece al ciudadano para que se exprese, el voto.

En este último, está la limitación que la democracia moderna desde sus comienzos ha puesto al ciudadano y esa es la dificultad que ha tenido para encontrar una fórmula de administración tan legítima como segura que haga prevalecer el interés general, sin que haya divorcio entre libertad y justicia. El voto siendo el medio de expresión requiere ampliar su capacidad para que el ciudadano pueda expresar su sensibilidad política de manera completa, indicando al mismo tiempo a quién desea que lo represente y a quién no, pudiendo establecerse enseguida cuántos respaldan y cuántos son los indignados.

Hasta ahora se han propuesto otras fórmulas, ninguna para permitir que el voto en las elecciones cumpla simultáneamente esa doble función de medir niveles de reconocimiento y de indignación. El voto está hecho solo para aclamar y aplaudir, por ese carácter unidireccional resulta ser un instrumento de decisión política unilateral e incompleto.

La indignación nace como reacción natural frente a quien traiciona la confianza, la democracia ha impedido que el ciudadano exprese su indignación del mismo modo como se acepta que exprese su apoyo. El sentimiento de enojo de los ciudadanos no tiene cabida con esa misma precisión y certeza. El ciudadano a través del voto puede indicar el nombre de quien desea que lo gobierne, no puede indicar de la misma forma el nombre de quien no desea que gobierne.

Al ciudadano la democracia lo declara apto para apoyar, todo parece que no lo reconoce idóneo para reprochar a quien traiciona su apoyo. En toda entidad gravitan dos fuerzas opuestas e inseparables las cuales integran el todo que representa la unidad. Los chinos lo simbolizaron con un círculo mitad blanco, mitad negro. El ser humano no es la excepción.

El voto declarado instrumento de participación por excelencia y la fuente misma del poder político, se sustrae de esa dualidad esencial de todo cuanto existe en el universo. Reconocer la dualidad conduce a ampliar la capacidad instrumental del voto para que la sensibilidad política se manifieste completa y sea un cauce institucional adecuado para medir tanto el reconocimiento como la indignación. El no permitir que el ciudadano pueda expresarse políticamente de modo integral, es mantener una exhortación a las manifestaciones violentas.

En todos los ámbitos de la vida y la naturaleza apreciamos que es la dualidad la que al manifestarse libre ofrece el equilibrio, la armonía y la belleza. En ellas nada existe sin su equivalente contrario, el día y la noche, el hombre y la mujer, el amor y el odio, la vida y la muerte. Todo está determinado por esa dualidad inexorable o inevitable. Reconocer la dualidad y trasladarla al campo institucional amplía el horizonte de los conceptos y el ámbito de los derechos, además, representa un avance hacia la solución del problema central de la sociedad, construir una cultura política fundada en la libertad del ser humano.

La indolencia causa indignación que no se puede impedir que aflore y se manifieste, el derecho a expresar la indignación por el cauce institucional adecuado haría que la protesta se transforme en un factor de progreso y bienestar. Lograr que el voto sea ese cauce real y concreto, haría que lo parcial y residual de las cifras electorales, se convirtiera en una auténtica contabilidad regida por el método que establece que los movimientos afectan dos cuentas al mismo tiempo, en este caso, sería la de apoyo y la de rechazo. La asignación de cargos necesariamente tendría que recaer en quienes contabilizan más respaldo que rechazo.

El ciudadano no se vería precisado solo a tener que marcar a favor de alguien, en paralelo y con el mismo instrumento también podría ejercer el derecho a expresar su indignación. El ciudadano tendría el control sobre la entrada y salida del poder. La misma puerta que apenas se usa como entrada quedaría habilitada como salida. Esto más la acción de los medios de comunicación y el uso de las tecnologías de la información asegurarían un control adecuado sobre quienes ejercen la representación política. Sería el más grande avance en el derecho político contemporáneo.

Entre otros efectos prácticos de esta fórmula nos atrevemos a anticipar: La entrada y la salida del poder dependerían exclusivamente de más respaldo o más rechazo; la calificación pública del desempeño de los gobernantes sería el mecanismo para su rotación; las propuestas electorales tendrían que diseñarse para ser ejecutadas a riesgo de merecer rechazo por incumplimiento; la mayoría de ciudadanos libres se impondría sobre la minoría que esté dispuesta a recibir prebendas; el que pretenda la compra de votos tendría que competir con el rechazo; la abstención mostraría su verdadera dimensión.

La estadística mediante encuestas dirigidas a pequeñas muestras representativas de carácter aleatorio ofrece mediciones de opinión favorable y desfavorable utilizadas para direccionar los resultados electorales. Al reemplazar esas pequeñas muestras representativas por el universo electoral completo, es decir, por todos los ciudadanos políticamente hábiles para que sean los encuestados, los resultados serían democráticamente más sólidos, objetivos y fiables.

El voto, institución fundamental está llamada a proseguir su evolución y a seguir siendo aprovechado mejor por los que necesitan expresarse y son capaces de lograrlo, así lo muestra la historia de los negros en Norteamérica y la mujer en el mundo. El turno es para “los indignados”. ¡Indignaos!

fontalvoprieto@yahoo.com

Noviembre de 2011

Bogotá- Colombia

*El movimiento M-15, también llamado “los indignados” es un movimiento ciudadano pacifista que empezó haciendo acampadas en lugares públicos de España, el 15 de mayo de 2011, aglutinando por internet desempleados, familias desalojadas de sus viviendas, jóvenes sin futuro y personas inconformes, bajo la consigna: “no somos mercancías en manos de políticos y banqueros”. En las bases de este movimiento está no estar afiliado a ningún partido, ni sindicato, ni tener afiliaciones ideológicas distintas al reclamo por una democracia participativa. www.democraciarealya.com.es

PERIODISMO Y REALIDADES APARENTES

REQUIEM POR EL PERIODISTA

Por: Luis Fontalvo Prieto

Hace algunas décadas, cuando el proceso de descomposición que nos afecta, no había alcanzado los síntomas degenerativos que muestra hoy, el periodismo actuaba todavía como un servicio social, procurando llevar al público noticias de un modo objetivo e imparcial.

El periodista limitándose a describir los hechos contribuía a que cada quien formara libremente su propia opinión. No había forma distinta de entender el ejercicio de ese magisterio público. La finalidad de la labor del periodista era presentar la realidad de una manera digna de crédito. Constituía una ofensa a la ética profesional anteponer la subjetividad a la realidad y los periodistas se cuidaban de traslucir sus opiniones y preferencias personales.

Hoy, sucede algo distinto. El periodismo abandonó su atalaya y con muy escasas excepciones, los periodistas cambiaron el estado de gracia espiritual que los distinguía por el afán de tomar partido y complacer, comprar, vender o permutar bienes y servicios, son proclives a lo frívolo y superficial. Ahora, predomina la propaganda en busca adeptos o compradores. La seriedad y objetividad naufragaron.

Debiera saberse que el espectro electromagnético por formar parte del territorio de la Nación, es patrimonio de todos. La libertad de expresar y difundir el pensamiento y las opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación, son derechos constitucionales y por tanto, debieran ser ejercidos por todos en condiciones de igualdad. Por el contrario, los medios de comunicación terminaron siendo espacios reducidos de propiedad de unos pocos que hacen prevalecer sus intereses particulares, opiniones y creencias.

Según la voluntad del constituyente (ver el Artículo 101 de la Constitución Política) estos instrumentos deberían aprovecharse para la promoción de la participación democrática y ser herramientas útiles para la cultura y la defensa del interés general, no para ser usurpados por unos cuantos dedicados a su explotación comercial y política.

A su vez, la mayoría de personas que son legalmente autorizadas para ejercer el periodismo, estando obligadas a desempeñarse sirviendo con fidelidad a la información veraz e imparcial, propiciadora de una opinión pública bien informada, autónoma y libre, optaron por la propaganda y poco a poco se convirtieron en manipuladores, encargados de direccionar el comportamiento colectivo de acuerdo con los intereses económicos, políticos y sociales que representan, por medio de titulares, anuncios, entrevistas, encuestas y toda suerte de recursos publicitarios para cautivar a cualquier precio la atención del público.

Las modernas tecnologías digitales aplicadas al manejo de la información y a las comunicaciones, son aprovechadas por el capital privado para afianzar su dominio sobre el espectro electromagnético y las comunicaciones. En ese ámbito, el lugar del periodista serio y responsable fue ocupado por operarios de las nuevas formas de comunicación social y por especialistas en fabricar imágenes, milagros cosméticos y verdades aparentes. Todo al servicio de un mercado donde el consumo no repara en la calidad de las mercancías. Se trata de diseñar y ejecutar matrices mediáticas dentro de estrategias dirigidas a una población que mantienen desinformada, polarizada y delirante, para poder contar con una atención fácil de capturar.

Casi todos son acróbatas de la palabra con escaso rigor idiomático y cultural, pero, se proclaman periodistas. Sin embargo, su función consiste en atraer adeptos y compradores, no en divulgar hechos de manera objetiva y fidedigna. Su misión es hacer propaganda.

No menos, se arrogan la condición de comentaristas, modalidad de periodismo reservada a aquellas personas que por su especial ilustración, experiencia y versación en materias especificas, dan conceptos autorizados y fiables. Ahora, con notoria necedad e ignorancia, cualquiera hace alarde de saber de todo y opinan sobre lo divino y lo humano.

La mayoría de los actuales usufructuarios de medios de comunicación, emiten conceptos sin la solidez que viene del conocimiento, haciendo uso indebido de un bien que forma parte del patrimonio público y de unas prerrogativas que pertenecen a todos y que debieran ser ejercidas con la mayor seriedad, en condiciones de igualdad y con las mismas libertades y oportunidades: El Espectro Electromagnético y el Derecho de Opinión.

ADVERTENCIA: Si desea no ser víctima de los efectos alienantes de la mayoría de los medios de comunicación, aplique el “método de la duda metódica”. ¡Confronte! ¡Coteje! Internet tiene muchas fuentes.

¡Periodista, descansa en paz!

fontalvoprieto@yahoo.com